PRI’s The World, Reportaje, Angilee Shah

Para Prerna Lal, cómo se analizan y explican los datos de deportación es personal. Ella misma fue una vez una inmigrante indocumentada, y para ella, las estadísticas de deportaciones representan las vidas de las personas.

“Hay motivaciones políticas detrás del juego de números,” dice Lal. “Podemos cortar los números de cualquier forma, pero el hecho es que el número real de deportaciones es de 2 millones. Estas son personas que son trabajadores cumplidos miembros de nuestra comunidad – madres, hermanos, miembros de nuestra familia.”

Lal es un miembro de la recientemente formada Comisión de Listón Azul Not1More, un proyecto para representar los intereses de las personas afectadas por la deportación y la detención. Y para que conste, ella dice, que el Presidente Barack Obama es el “Deportador en jefe”, un título que los activistas de la inmigración le han puesto recientemente.

Durante la administración de Obama, ha habido un estimado de 2 millones de deportaciones, alrededor de 400,000 cada año desde 2009 hasta el 2012. The New York Times, mediante una solicitud al Acta de Libertad de Información, obtuvo datos que muestran que en alrededor de dos tercios de estos casos se trataba de personas con antecedentes criminales menores o nulos.

Compare esto con datos de 1975 a 1996, cuando el número promedio de deportaciones por año era de alrededor de 30,000, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional. Conforme se fueron aprobando nuevas leyes que incrementaron la gama de delitos que ameritan deportación, el número de deportaciones se incrementó a más de 250,000 por año desde 1997 hasta el 2012.

Allison Brownell Tirres, un historiadora y estudiosa de la ley de inmigración de la Universidad de DePaul, dice que el gran incremento es en gran parte el resultado de las leyes aprobadas en 1996, mucho antes de que Obama asumiera el cargo. Estas leyes ampliaron significativamente la gama de delitos que ameritaban deportación, para incluir delitos menores como la posesión de marihuana o escribir un cheque sin fondos, al mismo tiempo que restringían la discreción de los jueces.

“Hemos atado las manos de los jueces en términos de ser capaces de proporcionar un alivio a la deportación. Podrías tener a alguien que ha estado aquí por 30 años, tiene un buen carácter moral y que en otro tiempo se le hubiera otorgado un alivio a su deportación y un camino a la legalización. Pero ahora ya no tenemos esos caminos legales,” dice Tirres.

Las dos leyes, el Acta de Antiterrorismo y Sentencia de Muerte Efectiva (AASME) y el Acta de Responsabilidad de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (ARIIRI), fueron parte de una agenda de “ley y orden”, dice Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos  durante la administración de Clinton. En ese momento, dice, el sistema de inmigración era percibido como lleno de lagunas, “el patio de juegos de un abogado”.

“La administración de Clinton se opuso a muchos elementos de la ley, pero al final del día el presidente firmó la ley porque la administración estaba ampliamente comprometida a fortalecer el control de la inmigración”, dice Meissner, ahora un miembro distinguido del Instituto de Política Migratoria (IPM), un centro no partidista en Washington, DC. “Este es un sistema que está funcionando como fue diseñado para funcionar hace casi 20 años, con apoyo a lo largo del camino.”

Las deportaciones se incrementaron de nuevo después de los ataques del 9/11, cuando el enfoque en la seguridad fronteriza “fue a toda marcha” porque se convirtió en parte de la respuesta de seguridad nacional, “aunque los secuestradores entraron legalmente en el país”, dice Meissner. Enormes cantidades de dinero fueron invertidas para hacer cumplir las leyes de inmigración, creando tanto la infraestructura como la tecnología que permite los índices de deportación que vemos hoy en día. La financiación para el cumplimiento de las leyes de inmigración se incrementó de $1.2 mil millones en 1990 a $17.7 mil millones en 2013, lo que explica Meissner en un ensayo en el que es coautora para el IPM.

Debido a que el incremento en la índices de deportación tiene raíces muy profundas, dice Meissner que el título de “Deportador en jefe” no es justo para Obama, pero “si transmite una sensación de la profunda decepción y consternación. Hay un enorme dolor ahí afuera.”

Tanya Golash-Boza, una socióloga de la Universidad de California, Merced, y autora de Nación de Inmigrantes, no está de acuerdo. Ella dice que Obama podría haber hecho más para cambiar el Departamento de Seguridad Nacional cuando asumió el cargo.

“La misión del Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Janet Napolitano [en ese entonces secretaria del DSN], era reforzar el cumplimiento de la ley de inmigración”, dice Golash-Boza, pero no tendría que ser así. Mientras que es una exageración decir que 2 millones de deportaciones equivalen a 2 millones de personas deportadas o a 2 millones de familias separadas, Golash-Boza dice que la escala de las deportaciones le ha ganado a Obama el apodo de “Deportador en jefe”.

Mientras que el apodo obscurece las causas que impulsan el alza de las deportaciones, hay maneras en que la administración de Obama podría ayudar a frenar las deportaciones a corto plazo, dice Tirres. El Acta de Inmigración y Nacionalidad le da a la administración discreción acerca de cómo proceder. Por ejemplo, el programa del 2012 de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (ADLI) le da al Departamento de Seguridad Nacional la habilidad para priorizar cuales leyes imponen.

“Esto no es diferente a la discreción que tienen los fiscales,” dice Tirres. “Ellos son capaces de decidir si van a presentar cargo alguno, sin mucho escrutinio constitucional o judicial.”

Noventa y seis profesores de derecho, incluyendo a Tirres, firmaron una carta dirigida al presidente en Mayo de 2012 [pdf] que describía tres maneras en las que podía frenar las deportaciones utilizando el poder ejecutivo.

Tirres añade una cuarta: La administración de Obama podría asegurarse de que el Departamento de Seguridad Nacional está en cumplimiento con el “memo de Morton”, una directiva del 2011 para ejercer discreción acerca de cuáles casos de inmigración de indocumentados deben perseguir. De acuerdo con el memo, residentes que lleven mucho tiempo en los Estados Unidos, ancianos o enfermos, por ejemplo, “deberían impulsar una consideración y atención particular”

Desde la perspectiva de Lal, Obama debería utilizar cada pizca de su autoridad ejecutiva, hasta ofrecer indultos. Ella se mudó a los Estados Unidos con sus padres desde las Islas Fiji antes del golpe militar del año 2000. Sus padres, auspiciados por su abuela, una ciudadana estadounidense, esperaron pacientemente y obtuvieron sus “Green Cards” 10 años después. Para ese entonces, Lal ya tenía 24 años y había “pasado la edad” para ganar la ciudadanía a través de sus padres. Cuando los niños cumplen 21 años ya no pueden ser parte de las ofertas familiares para obtener la ciudadanía y deben reiniciar el proceso de petición.

El caso de Lal apenas fue resuelto este mes, después de que paso tres años en audiencias de deportación.

“Aquí hay potencial para proporcionar alivio para nuestras familias”, dice.

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