Hogares sustitutos y futuros inciertos amenazan a miles de niños inmigrantes
Rinku Sen, presidente y director ejecutivo del Applied Research Center
Marjorie Valbrun
America’s Wire
Washington, D.C. — Más de 5.000 hijos de inmigrantes languidecen en hogares sustitutos estatales del país porque sus padres vivían ilegalmente en los Estados Unidos, o fueron detenidos o deportados por las autoridades federales de inmigración.
Estos niños pueden permanecer varios años en hogares sustitutos, y algunos son ofrecidos en adopción cuando se anulan los derechos de patria potestad de sus padres. Como ni los funcionarios estatales ni los federales solucionan el problema, cada año otros miles de niños más están destinados al sistema de bienestar infantil.
“Los niños pueden permanecer en el sistema de cuidado tutelar por un período de tiempo indefinido”, afirma Wendy D. Cervantes, vicepresidenta de políticas de inmigración y derechos de la niñez de First Focus, organización bipartidista de apoyo y promoción de Washington, D.C. “Esto provoca consecuencias graves a largo plazo en el desarrollo del niño. Y también ejerce un impacto negativo en el país en general, y un impacto directo en los contribuyentes. El hecho de que estos niños tienen padres equivale a que, en primer lugar, no debían estar dentro del sistema”.
Un informe reciente del Centro de Investigaciones Aplicadas (Applied Research Center, ARC), institución de investigaciones de justicia racial, revela que cuando los métodos de aplicación de las leyes inmigratorias se interponen en el sistema de cuidado tutelar, las consecuencias para las familias inmigrantes pueden ser devastadoras y duraderas.
Los padres encarcelados o deportados no pueden volver reunirse con sus hijos, y los padres retenidos en centros de detención de inmigración son penalizados por no poder asistir a las audiencias en la corte de familia. También son penalizados por no cumplir los requisitos impuestos por la corte para recuperar la custodia de sus hijos. Por supuesto, desde la cárcel no hay manera de cumplirlos.
Además, a menudo los padres detenidos ignoran que pueden pedir que les devuelvan sus hijos en el momento de la deportación, o entregarlos a familiares en los Estados Unidos, o que se les permita regresar a su país de origen. Como los padres no pueden hablar, leer ni escribir en inglés, mucho menos pueden comprender las complicadas reglas judiciales, están con frecuencia desinformados sobre sus derechos legales o adónde han enviado a sus hijos. Y muchos no cuentan con abogados que los ayuden a transitar por el sistema de bienestar infantil.
“Las políticas y leyes de inmigración se basan en la hipótesis de que las familias tienen que, y deben, estar unidas, independientemente de que los padres sean deportados o no” explica el informe de ARC. “Del mismo modo, la política de bienestar infantil tiene como objetivo reunificar a las familias siempre que sea posible. Sin embargo, en la práctica, cuando las madres y padres son detenidos y deportados y sus hijos relegados al cuidado tutelar, la separación de la familia puede mantenerse por períodos prolongados. Con demasiada frecuencia, estos niños pierden la oportunidad de volver a ver a sus padres cuando una dependencia de la corte juvenil decreta la anulación de la patria potestad”.
Encarnación Bail, una inmigrante indocumentada procedente de Guatemala que sostiene una lucha prolongada para recuperar la custodia de su hijo, ha confrontado muchos de esos obstáculos.
Bail perdió la custodia de Carlos, su pequeño hijo, en el 2008, año y medio después de ser arrestada y encarcelada por autoridades federales de inmigración durante una redada en la planta de procesamiento de aves donde trabajaba en Cassville, Missouri. Luego permaneció dos años en detención federal en espera de la deportación, primero en una cárcel condal de Missouri y posteriormente en una prisión federal de West Virginia. Durante su encarcelamiento, los familiares que cuidaban a Carlos se lo entregaron a un pareja de la localidad que no tenía hijos. Luego de que una corte del condado anuló los derechos de patria potestad de Bail, aduciendo que ésta había abandonado al bebé, la pareja adoptó a su hijo.
La corte le envió una carta oficial donde le informaba que su hijo quedaba al cuidado de la pareja, pero Bail nunca la recibió y fue devuelta a la corte sin abrir. Cuando posteriormente le llegó una petición formal de adopción, Bail se quedó anonadada. Con la ayuda de un guardia de la prisión y un guatemalteco de visita en el país y que hablaba inglés, Bail respondió diciendo que no quería dar a su hijo en adopción, y que lo mantuvieran en un centro de cuidado tutelar hasta que la liberaran. Además, solicitó derechos de visitar a su hijo. Nunca recibió respuesta de la corte, ni tampoco fue informada acerca de las audiencias de custodia.
El gobierno de Guatemala supo de su caso gracias a los reportajes noticiosos, e intervino en su defensa, haciendo que el gobierno estadounidense suspendiera la orden de deportación en su contra, y le otorgara estatus legal temporal para que permaneciera y trabajara en los Estados Unidos mientras dure su batalla jurídica para recuperar la custodia de Carlos.
“Estoy muy triste, y quiero sobre todo reunificarme con él”, dijo Bail por medio de su abogado. “Sufrí una injusticia. Soy la madre de Carlos y estuve preocupada por Carlos durante todo el tiempo de mi detención. Siempre pensaba en él y nunca di mi consentimiento para su adopción”.
La administración del presidente Obama afirma que ha dejado de realizar actividades de cumplimiento de las leyes de inmigración contra trabajadores indocumentados como Bail, y que está enfocándose en buscar y deportar inmigrantes que han cometido delitos graves. Sin embargo, los defensores de los inmigrantes aseguran que los agentes federales de inmigración, las agencias estatales de orden público y los departamentos locales de policía condal que participan en programas federales de cumplimiento de las leyes de inmigración, no cumplen uniformemente esa política.
A propósito de esto, en la primera mitad del 2011 el gobierno deportó a más de 46.000 padres de niños con ciudadanía estadounidense, según el informe de ARC.
“Es claramente anti-estadounidense apartar a los niños de las familias que los quieren” añade Rinku Sen, presidenta y directora ejecutiva de ARC. “Todo esto en lo que estamos participando debía darles mucho que pensar a los estadounidenses. Es necesario que analicemos profundamente estas políticas y estas prácticas”.
Los hispanos conforman la mayoría de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Como resultado, los niños pertenecientes a minorías étnicas que nacen de padres procedentes de países pobres de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, son afectados de manera desproporcionada.
Lo que está claro, según los defensores de los inmigrantes, es que los prejuicios raciales en contra de los hispanos y de otras minorías étnicas desempeñan un papel significativo en la separación de los niños de sus padres y familiares.
Las transcripciones de los casos ventilados en las cortes indican firmemente que las decisiones de los trabajadores sociales con respecto a la ubicación en centros de cuidado tutelar, así como el dictamen de custodia de los jueces, están en ocasiones impulsados por el concepto de que los niños se benefician más si se quedan en los Estados Unidos con familias estadounidenses blancas de clase media, que con padres desempleados y sin nivel escolar que han sido deportados a sus países pobres de origen.
Por otra parte, a menudo los niños bajo cuidado tutelar no se les entregan a sus familiares, a menos que éstos tengan un estatus migratorio legal. Los trabajadores de bienestar infantil consideran a los familiares indocumentados como padres sustitutos inadecuados, porque su situación en los Estados Unidos es inestable y también podrían ser detenidos o deportados en cualquier momento.
“Son decisiones categóricas que se toman con respecto al valor de una familia en particular sobre otra familia”, explica Sen. A los inmigrantes y sus abogados “les han dicho los funcionarios de los sistemas de bienestar infantil y de cortes que un niño ubicado bajo cuidado tutelar se beneficia más que estando con su familia en Guatemala. Debemos ser muy cuidadosos con los prejuicios raciales resultantes de la situación del idioma y el estatus migratorio”.
En el caso de Bail, el juez que anuló sus derechos de patria potestad especificó en el veredicto su criterio de que los padres adoptivos, quienes vivían cómodamente, eran más apropiados que Bail, a quien caracterizó como una transgresora en serie. Además, agregó en su dictamen que ésta “sería incapaz de proporcionarle alimentación, ropa o refugio adecuados” a Carlos en el futuro.
“Encarnación es un ser humano, no hay nada ‘ilegal’ en ella” asegura Omar Riojas, su abogado pro-bono. “Carecía de la documentación apropiada para trabajar; su delito obsoleto era de estatus migratorio, no de violencia, latrocinio ni de ningún otro crimen de conducta inmoral. Ser indocumentada no la hace incapaz de criar a un hijo”.
Seth Freed Wessler, asociado principal de investigación de ARC y autor del informe, afirma que los trabajadores de caso le dijeron que cuando los padres son detenidos “desaparecen de la faz de la Tierra, y cuando son deportados, mucho peor”. Esto hace que su trabajo de reunificar familias sea casi imposible.
“La mayoría de los trabajadores de caso quieren que la reunificación ocurra, pero cuando entra en juego el cumplimiento de las leyes de inmigración, la situación comienza a complicarse. Un conjunto de prejuicios sistémicos emerge y predomina, una suposición reveladora de que los niños van a estar mejor en los Estados Unidos de una forma u otra, lo cual garantiza que los niños no puedan reunirse con sus familias”, añade Wessler.
Marty Rosenbluth es director ejecutivo del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Carolina del Norte (North Carolina Immigrant Rights Project), institución sin fines de lucro radicada en Durham y dedicada a proteger los derechos de las personas en proceso de deportación. El experto asegura que las leyes les dan a los jueces y a los trabajadores de bienestar infantil escaso margen para reunificar más fácilmente a los padres con sus hijos.
“A esas personas las detienen por un delito menor y acaban deportadas sin derecho a un juicio justo o a una audiencia”, dice Rosenbluth. “Tratamos de retrasar el proceso para que puedan hacer algunos planes”.
El mayor temor de los padres de la comunidad de inmigrantes, afirma Rosenbluth, es ser deportados y obligados a abandonar a sus hijos. “Mis clientes hablan de eso todo el tiempo”, añade Rosenbluth. “Y preguntan: ‘Si me deportan ¿qué va a pasar con mis hijos?’”
La respuesta de Rosenbluth es que le otorguen un poder anticipado a una persona específica para que se haga cargo de la custodia de los hijos.
“Pero hasta eso es riesgoso” destaca Rosenbluth, abogado de profesión. “¿Quién desearía otorgarle la custodia de los hijos a alguien a quien no conoce, simplemente porque tiene estatus migratorio legal? Muchas organizaciones hispanas están advirtiéndoles a los inmigrantes indocumentados con hijos que tengan un plan de acción y ciertos documentos preparados y firmados al respecto.
“He visto varios modelos diferentes de esos planes de acción. Consisten en formularios de otorgamiento de poder y representación, para que otras personas puedan vender el automóvil u otras propiedades del afectado. Yo les digo que recurran a una persona de su confianza y que tenga algún tipo de estatus legal. Y ellos me preguntan si pueden cederle la custodia a su pastor o al sacerdote, pero los pastores no pueden hacerse cargo de tantos niños”, agrega Rosenbluth.
Por su parte, Cervantes afirma que desde la publicación del informe de ARC, First Focus ha sostenido “conversaciones más intensas” con la administración del presidente Obama acerca de la modificación de la política actual de cumplimiento de las leyes de inmigración, para garantizar que no se arresten a los padres que no estén involucrados en actos de violencia o de negligencia; y en caso de detención, que puedan hacer coordinaciones para el cuidado de sus hijos.
Su organización también aboga por la aprobación de una ley en el Congreso a fin de establecer “protocolos nacionales para que los niños permanezcan con sus padres o cuidadores mientras se llevan a cabo los procesos de inmigración, así como directivas para ciertas actividades de cumplimiento de las leyes de inmigración en las que participen padres, tutores o cuidadores primarios de menores”.
“Un cumplimiento responsable de la ley incluye dejar que los padres tengan derecho a un juicio justo y a garantizar el bienestar de sus hijos” enfatiza Cervantes.
El proyecto de Ley de Cumplimiento Humano y Protecciones Judiciales para Niños Separados (Humane Enforcement and Legal Protections for Separated Children Act), conocida también como Ley HELP, fue presentado en el Senado por Al Franken (D-Minn.), mientras que Lynn Woolsey (D-Calif.) planteó uno similar en la Cámara. La aprobación de ambos está estancada en ambas instancias legislativas. Cervantes asegura que el informe de ARC les proporciona a los promotores de dichos proyectos un impulso para volver a solicitar su aprobación.
Entretanto, Bail está de regreso en Missouri y trabaja en una planta de procesamiento de pavos. Hace un año, la Corte Suprema de Missouri revocó por unanimidad el veredicto que anulaba sus derechos de patria potestad y la adopción de Carlos, y decretó la realización de un nuevo juicio que comenzará el 28 de febrero. Bail se siente optimista y espera que la corte haga un dictamen a su favor.
“Dios está escuchando mis oraciones”, asegura Bail.
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