Acción Diferida: ¿Cuánta protección les ofrece a los jóvenes indocumentados?

Por Richard Jones, El Hispanic News

 
Portland, OR — El 15 de agosto, se abrió una puerta hacia la ciudadanía — pero sólo un poquito. El llamado programa de Acción Diferida (Deferred Action) hará posible que cerca de 1.7 millones de adolescentes y adultos jóvenes indocumentados obtengan un permiso de trabajo de dos años sin tener que temer ser identificados por los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Al final de los dos años, los permisos tendrán que ser renovados.

Se calcula que el 85 por ciento de las personas indocumentadas son latinas, con el resto viniendo del África, Asia, Europa y otros lugares.

La cláusula principal del programa de Acción Diferida evita que los agentes del ICE persigan a las personas jóvenes que de lo contrario podrían ser objetivos de deportación. El grupo protegido serían aquellos actualmente entre los 15 y 30 años de edad.

En Portland, los candidatos obtuvieron una semana de ventaja para aprender los detalles del programa de Acción Diferida por cortesía de Causa, conocida como la organización de derechos de inmigrantes de Oregón.

En el Q Center en North Portland, Christian Baeff y Erin McKee explicaron los detalles del programa y respondieron preguntas de algunas de las más de 40 personas. Baeff es el coordinador del edificio de LGBT de Causa y McKee ofrece sus servicios como abogada en SOAR Immigration Legal Services.

McKee calcula que cerca de 16,000 residentes de Oregón serían elegibles para el programa. La pregunta aún por responder es de cuántos no participarán por temor de exponer a sus padres.
Baeff enfatizó la importancia de decir la verdad cuando se estén llenando los formularios de Acción Diferida.

Las reglas del programa

La base del programa de Acción Diferida es la edad. A partir del 15 de abril de 2012, los candidatos deben tener por lo menos 15 años de edad, pero no deben tener 31 años o mayores. Actas de nacimiento o de bautismo ayudarán a comprobar su edad.

La segunda cláusula exige que los candidatos deban haber entrado a los EE.UU. cuando tenían menos de 16 años de edad. Para convencer a las autoridades, los candidatos deben tener evidencia por escrito tal como documentos escolares. Documentos adicionales de bancos, empleadores, y compañías de servicios públicos ayudarán.

El tercer obstáculo es comprobar que el candidato ha vivido en los EE.UU. continuamente desde el 15 de junio de 2007. De nuevo, una variedad continua de documentos ayudarán a verificar esta condición. Registros de escuelas y del servicio militar de los EE.UU. ayudarán.

McKee expresó que el reglamento de “no viajar fuera de los Estados Unidos” podría permitir “un [viaje] corto e importante por un par de días”. Ella recomendó hablar con un abogado antes de salir en cualquier viaje hacia otros países.

La parte difícil será obtener el dinero para los servicios del gobierno. La tarifa básica para solicitar Acción Diferida es de $465.

Después de eso, la mayoría de los candidatos necesitarán un poco de ayuda para procesar sus papeles. Abogados u organizaciones pueden ayudar con este paso. Las tarifas legales pueden ser bastante caras. Causa ofrece un plan que incluye una tarifa de $300 para procesar sus documentos y una tarifa de $50 de afiliación a Causa. Esto suma a $350 que le debe agregar a la tarifa de $465 del gobierno, haciendo el total de $815.

Lo que no debe esperar

El programa de Acción Diferida hace lo que dice. Difiere — retrasa — las posibles acciones futuras contra personas indocumentadas.

No ofrece un camino hacia la ciudadanía. Eso dependería en que el Congreso pasara una ley y que el Presidente la firmara.

El ICE puede cancelar cualquier documento de Acción Diferida a discreción de dicha agencia.
El programa no hace que ninguno sea elegible para obtener una licencia para conducir ni tarifas para matrícula para residentes del estado. Esos privilegios podrían — o no podrían — ser otorgados por cada estado.

¿Podrían cambiar los asuntos?

El programa de Acción Diferida no es una ley. Su base viene de un relajamiento en un memorándum del año 2011 titulado “Cómo ejercer Discrecionalidad para Acusar de manera consistente con las Prioridades Civiles para el Cumplimiento de las Leyes de Inmigración de la Agencia para la Aprensión, Detención y Remoción de Extranjeros Ilegales”.

En resumen, la “Discrecionalidad para Acusar” les permite un poco de flexibilidad a los oficiales del ICE para implementar asuntos de inmigración. Presuntamente permite que el ICE sea más severo con sus acciones cuando así lo desee.

Lo más probable es que la solicitud de cambios vendrá del Presidente de los Estados Unidos.
Más temprano durante este año en un discurso ante la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos, Romney se refirió al plan varias veces, pero dejó muy pocas pistas de lo que haría si fuera electo. El antiguo gobernador de Massachusetts optó por un método no antagónico.

Durante una congregación en Beaverton a principios de agosto, el candidato presidencial del Partido Libertario Gary Johnson dijo que él favorecía hacer que los permisos de trabajo para los no ciudadanos fueran tan fáciles como fuera posible. Además, agregó Johnson, él favorecía permitir que los no ciudadanos solicitaran licencias para conducir ya que haría que los caminos fueran más seguros. Johnson, gobernador de Nuevo México durante dos plazos, llamó a los trabajadores inmigrantes en su estado “la crema y nata”.

A principios del 2012, la aspirante a la presidencia del Partido Verde Jill Stein pidió terminar la “guerra contra los inmigrantes”. Ella sugirió crear un camino legal hacia la ciudadanía para los residentes inmigrantes.

El candidato presidencial del Partido Constitucional Virgil Goode tomó un punto de vista firme sobre la inmigración. “Mi opinión es de totalmente terminar la inmigración ilegal y reducir la inmigración legal si los Estados Unidos va a ser salvado”, dijo él. Goode es un antiguo representante de los EE.UU. (R-VA).

Estos tres partidos minoritarios estarán en la balota de noviembre en Oregón.

Un programa; no una ley

Algunos adversarios describieron el plan de Acción Diferida como “una nueva ley” o “un fallo administrativo”.

El Concejo Americano sobre Inmigración basado en Washington, D.C. dijo que dichos términos eran inexactos. El presidente, reclamó el concejo, “… sólo dirigió al DHS [Departamento de Seguridad Nacional] a ejercer discreción para otorgar acción diferida a jóvenes calificados — una acción que está bien bajo su poder como presidente”.

El programa de Acción Diferida agitó a un número de adversarios. La Federación para Reforma de Inmigración Americana (FAIR, por sus siglas en inglés) escribió, “Ignorando al Congreso y al pueblo Estadounidense, el Presidente Obama ha inconstitucionalmente y unilateralmente otorgado amnistía de-facto a los extranjeros ilegales a través de un fallo administrativo”.

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